-El colectivo “Por las Voces Sin Justicia” realizó una jornada de búsqueda en El Verde, Concordia, sin el acompañamiento de la Comisión Estatal, que no ha respondido su solicitud formal desde el 3 de marzo. En la zona se ubican cuatro fosas clandestinas donde fueron identificados siete de los diez mineros desaparecidos en enero-
Fueron sin el Estado, pero fueron. Las integrantes del colectivo de buscadoras “Por las Voces Sin Justicia” realizaron una nueva jornada de búsqueda en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, con sus propios recursos y sin el acompañamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda de Sinaloa, institución que lleva casi un mes sin responder la solicitud formal que el colectivo presentó desde el 3 de marzo. La denuncia de las buscadoras en Concordia Sinaloa es directa: la institución creada para acompañarlas simplemente no aparece.
La jornada no estuvo completamente sola. Elementos de la Fiscalía General del Estado a través del área de Desapariciones, junto con agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Marina, brindaron seguridad en el lugar durante la búsqueda. Pero el acompañamiento institucional específico que las familias solicitaron a la Comisión Estatal de Búsqueda, el organismo que por ley tiene la obligación de responder y coordinarse con los colectivos, brilló por su ausencia. Para las integrantes del colectivo, esa omisión no es un descuido administrativo, es un patrón que se repite y que obliga a las familias a asumir con sus propios medios una labor que debería tener respaldo institucional garantizado.
La zona donde operaron las buscadoras en Concordia Sinaloa no es territorio desconocido para las autoridades. En El Verde se tiene conocimiento de la existencia de cuatro fosas clandestinas, en las que hasta el momento han sido identificados siete de los diez mineros que fueron privados de la libertad el 23 de enero de 2026. Un caso que en su momento generó atención mediática y que prometía seguimiento puntual por parte de las instancias federales. Sin embargo, desde inicios de marzo la Fiscalía General de la República dejó de emitir actualizaciones sobre el caso, sumando otra capa de opacidad a una investigación que las familias siguen empujando prácticamente solas.
El patrón que denuncia el colectivo no es nuevo en Sinaloa ni en el país. Las organizaciones de buscadoras han documentado durante años cómo la falta de respuesta institucional las obliga a convertirse en peritos, rastreadores y gestoras al mismo tiempo, sin equipamiento adecuado, sin protección garantizada y sin certeza de que los hallazgos que realizan serán procesados con la diligencia que merecen. Que una solicitud formal presentada el 3 de marzo siga sin respuesta a finales del mes es una falla que tiene nombre y apellido institucional: Comisión Estatal de Búsqueda de Sinaloa.
Las buscadoras en Concordia Sinaloa encontraron en El Verde lo que las autoridades no han terminado de resolver. Con cuatro fosas identificadas, diez mineros desaparecidos y siete ya reconocidos entre los restos localizados, la pregunta que queda sobre la mesa es incómoda pero necesaria: ¿hasta cuándo las familias tendrán que buscar solas lo que el Estado tiene la obligación de encontrar?
