Culiacán, Sinaloa.- Se demuestra una vez más la persecución política y el abuso de poder por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), aseguraron tanto el licenciado Yamir Valdez Álvarez, Director General de Asuntos Jurídicos, y el doctor José Ramón Bonilla Rojas, Apoderado Legal de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), tras recibir este jueves a un grupo de auditores de la cuenta pública de dicho organismo quienes realizaron la aplicación del ejercicio fiscal 2023, insistiendo en revisar los ingresos propios de la institución, a sabiendas que un tribunal colegiado sentenció que no cuentan con la atribución legal de fiscalizarlos.
“Tenemos claro que esto es parte de la persecución política que sufre la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), responden a intereses del Gobierno del Estado, en este caso del Gobernador y nosotros sabemos que muy seguramente terminará en alguna denuncia aún a sabiendas de que ellos son los que configuran el delito de abuso de autoridad al no tener facultades para auditar los ingresos propios”, comentó Yamir Valdez.
Así también el doctor José Ramón Bonilla Rojas, se declaró sorprendido por la terquedad y obstinación por parte de la Auditora Superior del Estado al continuar solicitando la fiscalización estatal de los ingresos propios de la UAS.
“Si aquí en Sinaloa hay estado de Derecho espero que en su momento lo escuche la Fiscal, deberá de abrir una carpeta de investigación de oficio por abuso de autoridad y si ocupa los documentos que no se preocupe, nosotros se los proporcionamos porque tenemos la firma autógrafa de la auditora, donde ella así misma se arroga facultades y atribuciones que no tiene”, puntualizó.
De igual manera, el licenciado Alfonso Carlos Ontiveros Salas agregó que estos hechos confirman una postura tramposa de parte de la ASE.
“En el aviso de solicitud de la práctica de esta auditoría respecto a recursos del 2023, señalan que lo que habría de auditarse eran los recursos aplicados durante el periodo del 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2023, cuando ellos estaban única y exclusivamente autorizados para fiscalizar recursos del mes de septiembre hasta el mes de diciembre, que fueron los cuatro meses que el Gobierno del Estado aportó a la Universidad recursos de su propiedad”,
Una vez finalizada la recepción de documentos, les notificaron contar con 3 días hábiles para hacer entrega de los documentos que les señalaron tener pendientes durante este ejercicio.
