INTERNACIONAL.- La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la comisionada rusa para los derechos del niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra relacionados con la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia.
La CPI alega que Putin y Lvova-Belova están involucrados en las deportaciones que se llevaron a cabo en Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala contra el país de Europa del este. Por su parte, Moscú ha negado las acusaciones y ha rechazado la orden de arresto.
El fiscal de la CPI, Karim Ahmad Khan, ha destacado la importancia de proteger a los niños y ha declarado que “no podemos permitir que los niños sean tratados como botín de guerra”. Asimismo, ha asegurado que es necesario llevar a los responsables de los supuestos crímenes ante la justicia y garantizar el regreso de los niños a sus familias.
Cabe señalar que la CPI no tiene el poder de detener a los sospechosos y sólo puede ejercer jurisdicción dentro de los países que firmaron el acuerdo que estableció la corte. Como Rusia no es signataria del acuerdo, es poco probable que Putin o Lvova-Belova sean extraditados.
La orden de arresto emitida por la CPI contra el presidente ruso es un hecho sin precedentes en la historia reciente y pone en cuestión la capacidad de la comunidad internacional para hacer frente a los crímenes de guerra y proteger a los más vulnerables en tiempos de conflicto armado.
